Autor: Andreu Iranzo, director general de Fons Europeus de la Generalitat Valenciana

Los estados europeos tienen a su alcance la posibilidad que el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP) suponga un auténtico elemento tractor de la transformación medioambiental, social y económica en la Unión Europea. Esta oportunidad de oro no está exenta de dificultades, empezando por el hecho que la actual negociación del MFP engloba dos puntos críticos: por un lado el debate sobre la inclusión de una referencia clara y vinculante al respecto del estado derecho y de los valores europeos para la puesta a disposición de financiación europea, y de la otra la disputa para fijar unos niveles presupuestarios en la línea propuesta por la Comisión Europea, la acordada posteriormente por el Consejo Europeo o la defendida desde el principio por el Parlamento Europeo, lo cual supone un intervalo que iría del 1,074% al 1,3% de la media de la Renta Nacional Bruta de los estados miembros. En cualquier caso, decisiones que afectarán a los posibles niveles cuantitativos y cualitativos de la integración europea en los próximos años.

En paralelo, y afectado por un sistema de vasos comunicantes con el MFP, el gran fondo de recuperación, que puede convertirse en un hito en la historia de Europa, todavía tiene que acabar de configurarse y aprobarse. Este fondo, dotado con 750.000 millones de euros y llamado Next Generation EU, constaría de varios instrumentos que se ejecutarían en los próximos años, entre los cuales hay que destacar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dotado con 672.500 millones de euros (312.500 millones para transferencias y 360.000 para préstamos), destinado a facilitar la recuperación económica de la UE y favorecer la transición verde, la digitalización y la resiliencia económica y social. A grandes rasgos, el MRR financiará planes de recuperación y resiliencia estatales, en los cuales tendrán que participar las comunidades y ciudades autónomas y las entidades locales, con unos ejes de actuación y unas prioridades de carácter transversal y con una marcada línea transformadora.

En el caso de España, se estima que el conjunto del Estado podría recibir un máximo de unos 60.000 millones en transferencias y 80.000 millones en préstamos, que estarían vinculados a compromisos adquiridos en su plan de recuperación de resiliencia, cuyo borrador fue presentado a principios de octubre con el título de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y marca unas líneas directrices y diez políticas de reforma estructural en favor de un crecimiento sostenible e inclusivo. Entre estas se encuentra la Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, donde el papel de las entidades locales y del entorno rural será clave y decisivo para la transformación social y económica, alrededor de proyectos como por ejemplo el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos y el Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

Al mismo tiempo, en los últimos años, la Agenda Urbana de la Unión Europea ha permitido resaltar la importancia del desarrollo urbano como eje central de transformación hacia un futuro más sostenible, en consonancia con la actual Agenda 2030 y el Objetivo 11: Conseguir que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta sensibilización general respecto de la trascendencia del desarrollo urbano sostenible se encuentra conectada con un buen número de iniciativas, oportunidades de financiación o redes de intercambio, desde programas europeos como el URBACT (de Cooperación Territorial Europea), Horizonte 2020, Europa con los Ciudadanos, o las Acciones Urbanas Innovadoras, a acciones específicas de la Red de Desarrollo Urbano de la UE, la Red de Iniciativas Urbanas, la Red CIVITAS, el Servicio URBIS de ayuda a la inversión urbana del Banco Europeo de Inversiones o la cofinanciación de actuaciones en el ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo.

Con las negociaciones de Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y del Next Generation EU en curso y con grandes incógnitas que habrá que aclarar cuanto antes mejor, una cosa parece clara: en los próximos años, las políticas e iniciativas en el ámbito del desarrollo urbano serán cada vez más significativas. En este contexto, resulta fundamental que las entidades locales de la Comunidad Valenciana puedan dotarse de recursos y de medios para garantizar el acceso en los diferentes programas de financiación europea, pero también a los procesos de creación normativa, es decir, no solo tendrán que especializarse en el diseño, la gestión y la justificación de proyectos europeos, sino también en la participación y el posicionamiento para nivel europeo: encuestas y consultas públicas de la Comisión Europea u otras instituciones, foros de discusión como la Semana Verde Europea la Semana Europea de la Energía Sostenible o la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, redes temáticas, o determinados comités de seguimiento.

En este sentido, Pont a Europa, la iniciativa recientemente puesta en marcha por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias con un convenio con la Generalitat Valenciana es una excelente noticia para potenciar las capacitados de las entidades locales de introducirse en el mundo de la financiación europea y tratar de optimizar las opciones de captación de fondos competitivos que la Unión Europea pone a disposición, pero también por su posible contribución a la construcción de una cultura y una ciudadanía europea en nuestros pueblos y ciudades.